jueves, 20 de marzo de 2014

¿Quién controla mi cuerpo?

Lean estas cifras: 215 millones de mujeres en el mundo no utilizan anticonceptivos pese a que no desean tener (más) hijos o retrasar el momento de tenerlos; 215.000 muertes maternas podrían evitarse al año con el uso de anticonceptivos; 40% de las mujeres en edad de procrear viven en países donde el aborto está prohibido, restringido o inaccesible; 24 países europeos exigen a las personas transgénero someterse a esterilización para ver reconocido legalmente su género; 47.000 mujeres embarazadas mueren todos los años por complicaciones de abortos no seguros; 76 países de todo el mundo tipifican como delito la conducta homosexual...

Ahora piensen: no son cifras, son personas, miles de historias humanas que ocurren cada día. Y no deberían ocurrir, porque las normas internacionales de derechos humanos dicen que todas las personas tenemos derecho a tomar decisiones sobre nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestra sexualidad y nuestra vida reproductiva sin miedo a sufrir coacción, violencia o discriminación.

En muchos países, estas decisiones están a menudo controladas por el Estado, por profesionales médicos, por la comunidad o la familia. Y se hace uso de la ley para controlarlas. Al final, a muchas personas se les impide por completo decidir. Si esto ya es grave, las consecuencias de este control sobre las personas, en general mujeres, son igualmente graves.

Influir en el debate global sobre estas cuestiones es decisivo, dadas las recientes y continuas medidas regresivas adoptadas por algunos Estados para restringir los derechos sexuales y reproductivos. Este es uno de los objetivos de la campaña ‘Mi cuerpo, mis derechos’, que acaba de lanzar Amnistía Internacional en todo el mundo.

En la esfera internacional, muchos agentes no estatales, a menudo financiados y apoyados por Estados o por instituciones religiosas, están intentando limitar los derechos sexuales y reproductivos en la ONU o en foros similares. La tendencia regresiva es clara en varios países.

El Gobierno español ha presentado un anteproyecto de ley sobre el aborto que, si se aprueba en el Parlamento, restringirá gravemente el acceso de las mujeres y las niñas a servicios de aborto, incumpliendo las obligaciones internacionales de derechos humanos contraídas por España. En los dos últimos años se han hecho intentos de restringir el aborto también en otros países, como Lituania, Macedonia, Turquía y EEUU.

En enero, el presidente de Nigeria promulgó la opresiva Ley (de Prohibición) del Matrimonio Homosexual. En 2013, el Tribunal Supremo de India volvió a declarar constitucional un artículo del Código Penal que criminaliza las relaciones homosexuales. El presidente de Uganda acaba de firmar la entrada en vigor de la Ley contra la Homosexualidad.

El problema no se concentra en estos pocos países, sino que abarca una amplia variedad de cuestiones en otros muchos. Un ejemplo: las investigaciones llevadas a cabo por Amnistía Internacional en Burkina Faso y Sierra Leona han mostrado que, debido a la falta de medidas de sus Gobiernos para hacer respetar la edad legal mínima para contraer matrimonio, a menudo se casa a niñas de tan sólo 10 años.

En estos matrimonios, es habitual que las niñas no puedan tomar decisiones sobre su salud sexual y reproductiva, carezcan de acceso a educación e información y sufran graves complicaciones relacionadas con embarazos prematuros. Una mujer de Uagadugu (Burkina Faso) declaraba: «Después de siete embarazos y cinco hijos vivos le dije a mi esposo que quería utilizar métodos anticonceptivos, pero se negó». La tasa de mortalidad materna en Sierra Leona es de las más altas del mundo.

En el Magreb, las disposiciones discriminatorias de la legislación argelina, tunecina y, hasta hace poco, marroquí permiten a los violadores eludir la acción de la justicia casándose con sus víctimas adolescentes. Sólo en Marruecos, según estudios oficiales, en 2009 se tuvo noticia de 38.000 casos de violación. La verdadera cifra podría ser mucho mayor.

Los líderes mundiales están obligados a respetar, proteger y hacer efectivos los derechos sexuales y reproductivos. Y tienen oportunidades concretas para mostrar liderazgo en este tema.

La próxima reunión de la Comisión de Población y Desarrollo de la ONU en abril es sólo uno de los diversos jalones clave de este proceso, pero es buen momento para recordar que los derechos sexuales y reproductivos no admiten regresiones. Bien al contrario, hace falta más que nunca impulsarlos con determinación.

Marco Flores Sánchez - Coordinador de Amnistía Internacional - Tarragona
Publicado en el Diari de Tarragona 13-03-2014

JORGE MARTÍNEZ LÓPEZ